Fiscalía Nacional Económica sugiere licitar la PSU
El martes pasado la Fiscalía Nacional Económica entregó su informe sobre las prácticas monopólicas de la Universidad de Chile en la administración de la PSU. Tras la investigación, solicitada por el Diputado UDI Julio Dittborn, la entidad determinó que no existía una conducta monopólica impropia por lo que no existiría infracción. Sin embargo, se sugiere al gobierno que regule este mercado a través de una licitación o fijando precios máximos. La información es publicada por el periodista Eduardo Olivares en El Mercurio bajo el título Fiscalía Nacional Económica sugiere al Gobierno licitar PSU.
Párrafos destacados:
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“El informe plantea que fue una decisión de política educacional la que determinó el nacimiento de estos exámenes de admisión. La Prueba de Aptitud Académica (PAA) surgió así. Fue creada en 1965 por la Universidad de Chile, que tenía su propiedad intelectual. En 2003 fue reemplazada por la PSU, cuyas preguntas son elaboradas por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), de la misma universidad, aunque la propiedad intelectual es del Consejo de Rectores. “La selección de los estudiantes de educación superior, fundamentalmente sobre la base del mérito académico, medido mediante prueba única, se enmarca en decisiones de política educacional, pudiendo incluso sostenerse que también se inserta en ello la elección de la U. de Chile como gestor”, dice la resolución para justificar por qué esa casa de estudios tiene el monopolio. Eso no quita, agrega el informe, que, al pagarse por este instrumento una tarifa -en algunos casos con subsidio estatal-, se genera un mercado de pruebas del que hoy sólo hay un oferente. El problema es que el Consejo de Rectores le encarga esa tarea en exclusiva a la U. de Chile; la prueba es, en la práctica, obligatoria para todas las universidades, y, además, en función de ella el Estado entrega re- cursos a través del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Por su función de promoción de la libre competencia, describe en el informe, sugiere al Gobierno y al Consejo de Rectores que realicen las gestiones necesarias para garantizar que los precios cobrados sean “lo más competitivos posible”. Y da los dos ejemplos: “Licitando la prestación del servicio -estableciendo al efecto estándares mínimos de calidad y adjudicándola a quien oferte el menor precio-, o imponiendo al monopolista calidades mínimas y precios máximos”.
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